• Participaron en una mesa de diálogo en el marco del XXIX aniversario de la CEDH
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como organismos autónomos del estado, se comprometieron a un respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, y coincidieron en que en Tlaxcala se ha avanzado en el tema, particularmente en lo que se refiere a la visibilización de los derechos de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.
Durante sus participaciones en la mesa de diálogo “La visión derecho humanista como principio legitimador en los actos de los poderes del estado y los organismos constitucionales autónomos del Estado”, que se organizó en el marco de la conmemoración del XXIX aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las y los participantes expusieron los avances en la protección y fortalecimiento de los derechos humanos desde el ámbito de su competencia.
Así, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros sostuvo que su gobierno está comprometido con la legalidad y el respeto entre poderes y la soberanía de los municipios, y que no tolerará la impunidad y atropellos a los derechos humanos durante su administración. En tal sentido, subrayó su compromiso de respetar la autonomía constitucional de la CEDH y de luchar a favor de los derechos humanos.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Miguel Ángel Caballero Yonca, destacó el trabajo legislativo que han realizado todas las fracciones parlamentarias y persona, así como para armonizar leyes siempre teniendo como referencia una interpretación favorable a los derechos de las personas, como ya existe en el derecho internacional.
A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mary Cruz Cortés Ornelas, precisó que para favorecer a las personas con la protección más amplia, en el poder Judicial se han establecido parámetros de análisis que los jueces ya consideran en sus sentencias, y que tienen que ver con los derechos humanos establecidos en la Constitución federal, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte y en tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como los criterios vinculantes que existen por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su turno, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Maribel Rodríguez Piedras, señaló la importancia de proteger los derechos en su conjunto, tanto los humanos como los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pues dijo que la vulneración de uno solo pone en riesgo a los demás.
Asimismo, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Claudia Salvador Ángel, enfatizó la responsabilidad que tienen las instituciones públicas por erradicar toda forma de violencia no solo en contra de las mujeres, sino en general, de otros grupos en condición de vulnerabilidad, tales como los pueblos originarios, personas con discapacidad, minorías étnicas, comunidad LGBTTTIQ y otros a los que se les ha negado acceso pleno a sus derechos.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María Isabel Pérez González, destacó el plan estratégico que desde la institución que encabeza ya se realiza, y que, entre otros puntos, consiste en garantizar a los derechos humanos desde una perspectiva de gobernanza, entendida como un proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos y gestionan los recursos comunes, pero también garantizan la realización de los derechos humanos.
Por su lado, la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elízabeth Piedras Martínez, señaló que un elemento indispensable en toda democracia es la inclusión, que en materia electoral se traduce, entre otras, con resoluciones para implementar acciones afirmativas que garanticen los derechos político-electorales de los sectores vulnerables, como el de las mujeres, los indígenas, los jóvenes y de diversidad sexual.
Finalmente, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia, subrayó la importancia de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, y el tercero en materia educativa, porque dentro de éstas la educación superior es un derecho fundamental y se establece su gratuidad y universalidad. En esa perspectiva, afirmó que la nueva escuela mexicana debe responder a un ambiente de inclusión.
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